Huelga de los empleados públicos

El paro en Tacna nos trajo malos recuerdos, alguna vez en Chile tuvimos esas movilizaciones con encendidos discursos, molotov y destrozos. Todavía, para algunas fechas emblemáticas se nos aparece el fantasma, con turbas de gente furiosa tomando la calle, apedreando e incendiando lo que encuentran a su paso, menos mal que en Arica eso es infrecuente. Lo que comenzó como un reclamo muy entendible en Tacna fue escalando, cobró vidas y ha provocado pérdidas por millones de dólares, plata de gente común: dueños de hoteles, restaurantes, comerciantes, choferes, gente que ha sido golpeada donde más duele, directo en el bolsillo.

Y a los pocos días en Chile tuvimos lo nuestro con un paro nacional de los empleados públicos que protestan por su reajuste de sueldos. Es muy curioso ver a los mismos fiscalizadores que nos hablan del respeto a la ley durante todo el año, plegados a un paro ilegal, lo que muestra que cuando se trata de proteger sus propios intereses las personas dejan a un lado muchas cosas.

Hay que entender que somos nosotros los perjudicados cuando ellos exigen mejor sueldo, al igual que en las huelgas de profesores o del personal de la salud pública, lo que ocurre regularmente todos los años. Como su nombre lo indica son nuestros empleados, les pagan el sueldo con nuestros impuestos y no deberían perjudicarnos a nosotros para mejorar su situación personal. Los trabajadores públicos por ley no tienen derecho a negociación colectiva ni a huelga legal, sin embargo, gozan de la ventaja de hacer huelgas cada año para mejorar su situación sin que les pase absolutamente nada. ¿En que quedamos entonces? ¿Con que autoridad un empleado público puede fiscalizar, si el mismo es el primero en desobedecer la ley cuando le conviene?
En la práctica tienen cautivo al Estado: ponen sus exigencias, dejan de trabajar, salen haciendo marchas y gritando consignas, hasta que el Ministerio cede. Si sumamos a que la mayoría de los empleados de planta son prácticamente inamovibles, tenemos un sistema de incentivos perversos que les entrega las herramientas para conseguir lo que quieran sin riesgos de ninguna clase.

Mucho se habla de la reforma del Estado y la profesionalización del servicio público, pero un estado cautivo de los sindicatos no puede reformarse ni menos profesionalizarse. Mientras el sistema esté bajo el poder de los sindicatos y se les permita hacer huelgas ilegales, sin consecuencias y "hasta las últimas consecuencias", seguiremos teniendo un aparato público de mala calidad y tendremos que resignarnos a lo mismo, años tras año.